El impacto económico de la actividad minera en el oeste catamarqueño generó un escenario de profunda preocupación y reclamos de equidad entre los comerciantes locales. El presidente de la Cámara Económica de Fiambalá, Mario Mamani, reveló el malestar del sector ante la falta de derrame financiero en la comunidad. Tras mantener un encuentro estratégico el pasado sábado con el gobernador Raúl Jalil, las autoridades provinciales y los intendentes de la región, se acordó la creación de una mesa de trabajo mensual que comenzará en agosto para canalizar de forma directa las compras y contrataciones de las empresas operadoras.

La principal queja del sector radica en la fuerte centralización de los pedidos de insumos y servicios, los cuales actualmente son direccionados de forma casi exclusiva hacia la Cámara de Proveedores Mineros de Tinogasta, dejando relegados a los empresarios locales. De acuerdo con lo expresado por Mamani, los proveedores fiambalenses apenas retienen un estimado del 30% del movimiento económico total que genera la minería en sus zonas de influencia. Esta marcada asimetría motivó la demanda de una distribución más igualitaria que permita competir en igualdad de condiciones a los 82 socios comerciales que hoy integran la nueva organización de Fiambalá.

El dirigente gremial fue categórico al describir la realidad que percibe el ciudadano de a pie en la región, atribuyendo la falta de diseminación de ganancias a la existencia de prácticas ligadas al amiguismo y a la conformación de estructuras monopólicas. Para revertir esta situación, la entidad propuso implementar un sistema de rotación transparente entre los rubros disponibles, tales como carnicerías, corralones, logística, carpintería, catering y seguridad e higiene. La meta principal de la cámara bajo la premisa «Fiambalá para los fiambalenses» es evitar el estancamiento de los beneficios en un solo proveedor y democratizar el compre minero.

Otro de los puntos de fricción institucionales abordados directamente con el mandatario provincial fue la burocracia imperante en la obtención del Registro de Proveedores Mineros (RPM), una herramienta clave emitida por el Ministerio de Minería. Según denunció Mamani, existen trabas operativas debido a que la entrega de dicha certificación estuvo concentrada históricamente en una sola institución, actuando como una barrera para los nuevos comercios. Ante este reclamo formal, el gobernador Jalil se comprometió a destrabar el mecanismo regulatorio en un plazo de dos meses para que todas las cámaras habilitadas puedan emitir el registro y asegurar la inserción laboral de sus asociados.

Fuente: Inforama