Este 31 de marzo, mientras el país conmemora el Día Nacional del Agua con el fin de despertar conciencia sobre el uso de este recurso «renovable pero limitado, frágil y vulnerable», en el departamento de Tinogasta el clima es de profunda preocupación.
En una entrevista exclusiva con Studio 16, Susana Olivera ofreció una reflexión cruda sobre la realidad que atraviesa la provincia de Catamarca, marcando una contradicción insalvable entre las leyes de protección ambiental y la práctica extractiva en la cordillera.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el debate actual sobre la modificación de la Ley de Glaciares. Para Olivera, la discusión legislativa llega tarde a una realidad donde la protección ya ha sido ignorada.
«La ley vigente protege el agua en todos sus estados, especialmente la zona periglaciar. Sin embargo, en Catamarca parece que da exactamente lo mismo una ley u otra porque ya está siendo violada», afirmó.
Según la referente, existen decenas de proyectos mineros en zonas delicadas y vitales para la región, donde la minería ya se encuentra en fases de exploración y explotación haciendo uso intensivo del recurso hídrico.
El Proyecto «Valle Ancho»: 80 mil millones de litros diarios
La alerta se encendió particularmente por el reciente convenio firmado para el proyecto Valle Ancho, ubicado en la zona del Paso de San Francisco. Olivera calificó de «atroz» y «de terror» las dimensiones del emprendimiento:
«Este proyecto va a utilizar aproximadamente entre 50 y 80 mil millones de litros de agua por día. Es casi lo mismo que consume toda la población de Catamarca en una jornada. Somos 25.300 habitantes en el departamento que estamos siendo entregados».
La preocupación radica en que, al situarse en las altas cumbres, el uso masivo de agua en la cordillera afecta directamente el caudal y la pureza de las cuencas que alimentan a las poblaciones ubicadas niveles más abajo.
Olivera denunció un plan sistemático que busca transformar la identidad de las localidades de Fiambalá y Tinogasta. «Me afectó mucho escuchar que la idea es que sean grandes campamentos mineros, que dejen de existir como ciudades o pueblos con historia y producción propia».
Ante esta amenaza, recordó la histórica lucha contra el proyecto «Río Colorado» en las Higueritas, donde la unión del pueblo logró frenar la instalación minera. «Si el pueblo de Tinogasta no hubiese reaccionado, hoy seríamos refugiados ambientales», sentenció, llamando a una nueva «pueblada» y a la unión de las asambleas.
Exigencias al Gobierno Provincial
Hacia el final de la entrevista, el reclamo se dirigió directamente a los funcionarios públicos, a quienes recordó su deber de «servidores»:
- Cumplimiento de la Constitución: Especialmente el Artículo 41 (derecho a un ambiente sano) y el Artículo 124 de la constitución provincial.
- Derecho a la Autodeterminación: Olivera sostiene que las audiencias públicas actuales son «un circo manipulado» y que el pueblo debe decidir si quiere vivir del turismo, la producción o la minería.
- Protección de Futuras Generaciones: «Estamos de regreso por nuestra edad, pero ¿qué les estamos dejando a nuestros nietos? Los estamos condenando».
El encuentro fraterno y simbólico realizado recientemente en el Río Troya marca el inicio de una agenda de actividades conjuntas entre las asambleas de Fiambalá y Tinogasta para resistir lo que Olivera define como un «ejército silencioso» que amenaza la vida misma en la región.
Comentarios